Dentro del paquete esperado de medidas económicas frente a la fuerte escalada de los precios, el presidente del Gobierno español ha anunciado una medida inesperada como es elevar la fiscalidad aplicada sobre la banca, al mismo tiempo que ha anunciado otra nueva imposición sobre las compañías eléctricas. A falta de más detalles que se irán conociendo en los próximos días –dado que ambas propuestas deberán formularse mediante una nueva ley– existen tres aspectos esenciales que pueden ser analizados sobre el fondo de esta propuesta.

En primer lugar, llama poderosamente la atención el hecho en sí de subir impuestos a las entidades financieras en un momento como el actual. Pero, sobre todo, impresiona más aún su justificación. El actual Gobierno usa con cierta frecuencia el concepto de “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) para fundamentar medidas fiscales o regulatorias que supongan intervenir la cuenta de resultados de empresas privadas. En este sentido, aplicar este concepto a la banca pensando que la subida de los tipos de interés en el mercado es un fenómeno “caído del cielo” que genera beneficios instantáneos reales es desconocer en absoluto cómo funciona la cuenta de resultados de una entidad financiera.

Hacer equivalente el tipo de interés aplicado a los créditos al precio que fija una pyme de hostelería a su menú o una industria a su producto carece de la más mínima lógica económica. La cuenta de resultados de una entidad financiera no se determina en cascada por un único precio de venta del producto o servicio al que se le van descontando costes conforme se va descendiendo hacia el beneficio neto. Nace siempre de la diferencia entre dos precios: al que se le cobra a los clientes por prestar dinero, y el que se paga por remunerar los depósitos de los clientes.

Es un negocio de márgenes por excelencia, siendo este margen básico (el margen de intereses) extraordinariamente delicado, ya que la oferta de crédito en una coyuntura inflacionista y ante las subidas de tipos de interés oficiales a las que nos enfrentaremos en las próximas semanas, puede sobrerreaccionar negativamente, perjudicando seriamente a familias y empresas que necesitan recurrir al crédito bancario. Por tanto, se trata de una medida que perjudica más que beneficia, ya que extraer renta de la banca no se traduce en un mecanismo de redistribución de vuelta hacia el cliente en forma de menores precios de los créditos, sino en un aumento de la recaudación fiscal sin posibilidad de control real de qué se hará con este dinero y para qué.

El presunto beneficio es menor aún si cabe en la actualidad dado el cambio profundo que se ha producido en los últimos años en la estructura del saldo vivo de crédito. En una década se ha reducido en casi 20 puntos el endeudamiento a tipo variable hasta alcanzar el 53% del total, con lo cual, la exposición de los clientes ante las subidas de tipos se ha reducido drásticamente tras años de repago de créditos a tipo variable y nuevas suscripciones (especialmente hipotecarias) a tipo fijo.

En segundo lugar, aprobar un nuevo impuesto o recargar el ya existente, con independencia de la manera que finalmente se haga, supone incrementar aún más el diferencial de presión fiscal existente entre las entidades de crédito y el resto de más de 3 millones de empresas en España. Este diferencial se ha ido ampliando en los últimos años tras la decisión consciente en 2015 de mantener el tipo nominal de Sociedades en el 30% para las entidades de crédito frente a las bajadas sucesivas del tipo general al 28% primero y posteriormente al actual 25%.

Si bien detrás de esta decisión del Gobierno Rajoy hubo un cálculo para mantener el volumen de activos fiscales diferidos (DTAs) generados tras años de pérdidas, reestructuraciones y rescates en el sistema financiero español de hasta 34.000 millones de euros directamente computables en la definición más amplia de Basilea III, el discurso político se orientó como “castigo a la banca” en forma de “contribución a la devolución” del dinero público puesto desde 2008. Tomando los últimos datos de estadísticas por impuesto publicadas por la Agencia Tributaria con el detalle necesario (2019) podemos observar que el tipo efectivo medio aplicado a las entidades financieras se sitúa en el 24,7% frente al tipo efectivo medio general del 21,3%.

A ello hay que añadir el resto de los impuestos específicos y contribuciones regulatorias que realizan los bancos como el impuesto a los depósitos, la contribución al Fondo de Garantía de Depósitos y otras cargas autonómicas y locales diferenciadas. En definitiva, no estamos ante un sector que tenga una contribución fiscal precisamente reducida, donde la Hacienda española aprovecha el alto grado de internacionalización de las entidades que conservan su sede en nuestro país para obtener una mayor recaudación neta.

En tercer lugar, este anuncio del Gobierno profundiza en la utilización de la política fiscal como mecanismo para frenar el proceso inflacionista. A pesar de que sea una medida contracíclica sobre el papel, el problema radica en la efectividad de la política fiscal a la hora de contener la inflación. En pasadas crisis de oferta, especialmente el shock de 1973-1979, se pudo ver cómo el instrumento más eficaz a la hora de combatir la inflación es subir los tipos de interés nominales, mientras que medidas fiscales como controles de precios, intervenciones en los mercados, subvenciones de costes y otras medidas similares no sólo no contribuyen al freno de la inflación sino que la estimulan al producirse un efecto-renta positivo sobre los consumidores de renta media-alta.

En este preciso momento, es clave no repetir errores del pasado que puedan llevar a una recesión más prolongada e intensa por la aplicación de las medidas monetarias necesarias. A diferencia de los años 70 y 80, España tiene tanto un sistema financiero como energético saneado y competitivo a nivel internacional, lo cual le permite tener unos grados más de autonomía estratégica que otros países europeos que necesitan de nacionalizaciones o intervenciones más severas para asegurar la estabilidad de sus empresas estratégicas como es el caso reciente de Francia con la nacionalización completa de la eléctrica EDF. Por ello, no tiene sentido práctico erosionar esta capacidad que España tiene para embarcarse en una incertidumbre regulatoria que pesa sobre nuestro riesgo país.

En suma, en pleno proceso de reinvención del modelo de negocio a futuro de la banca, esta alza fiscal encarece la reestructuración y aumenta los costes del servicio. Es lo que hoy han descontado los inversores en Bolsa, deprimiendo aún más de lo que ya están las valoraciones de la banca, cotizando con un fuerte descuento sobre su valor en libros y con PER que apenas se mueve entre 5 y 7 veces beneficio por acción esperado a 2022.

Javier Santacruz
Profesor de Finanzas e investigador de la FEF