Las puntuaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) divergentes de los principales proveedores reflejan una diferencia fundamental entre las calificaciones financieras y no financieras.

Una calificación crediticia responde esencialmente a una pregunta: ¿cuál es la probabilidad de impago de un deudor? Pero una calificación ESG es diferente. No hay una pregunta única comparable. De hecho, los inversores y los emisores se plantean hoy una serie de preguntas diferentes a medida que la inversión sostenible se convierte en un ámbito que mueve 40 billones de dólares.

La respuesta para los inversores es ajustar sus expectativas y aceptar que pueden ser necesarias dos valoraciones ESG, o incluso múltiples, para captar plenamente la sostenibilidad de sus inversiones

Algunas valoraciones corporativas evalúan los riesgos relacionados con el ESG a los que se enfrentan las empresas, como las catástrofes naturales, el cambio climático, las sanciones regulatorias o el peligro de los activos varados, como los yacimientos de petróleo y las minas de carbón. Otras miden el impacto de la propia compañía en el medio ambiente y la sociedad. Ninguna puntuación única puede captar la llamada doble materialidad: el equilibrio de riesgos e impactos.

El resultado es que los proveedores de puntuaciones ESG se basan en múltiples criterios diferentes, lo que inevitablemente conduce a resultados dispares.

La complejidad de la medición de la sostenibilidad, en contraste con la solvencia crediticia, se hace más evidente cuando se pone de manifiesto que los riesgos e impactos ESG de una empresa se extienden mucho más allá de sus propias actividades a las de sus proveedores y clientes: la cadena de suministro.

La calificación crediticia es también una medida absoluta. Sin embargo, los inversores que buscan un equilibrio entre el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad, podrían requerir una puntuación que muestre lo bien que califica una empresa en comparación con otras de su sector – «la mejor de su clase»- en lugar de en términos absolutos.

También está el problema de los datos. Por ahora, no existe una divulgación de datos ESG equivalente a los estados financieros auditados de las empresas, basados en normas contables acordadas internacionalmente, en los que se basan las agencias de calificación crediticia para evaluar la probabilidad de que un emisor incumpla los pagos de su deuda.

La normalización ya se está llevando a cabo, sobre todo en Europa. La nueva Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea, que sustituye a la Directiva sobre Informes No Financieros (NFRD), refuerza las normas para garantizar que las mayores empresas europeas presenten información fiable y comparable sobre sostenibilidad.

Sin embargo, aún es pronto. No nos sorprendería ver que más inversores institucionales utilizan datos estandarizados para crear sus propias puntuaciones ESG para satisfacer las diferentes demandas y sensibilidades de sus clientes. La divergencia podría ser un signo de ventaja competitiva.

Diane Menville, responsable de ESG en Scope Group