La lucha contra el fraude sigue teniendo un largo camino por recorrer en España. En los últimos tiempos, esta se ha complicado todavía más con la irrupción de las criptomonedas, donde se realizan transacciones sin regulación alguna, y cuyas transacciones en el año 2021, según datos del Banco de España, tuvieron un valor acumulado de 60.000 millones de euros, solo en España.

En un contexto en el que la compraventa de acciones en bolsa ha caído casi un 12% respecto al año pasado, la inversión en criptoactivos, así como las operaciones ligadas a ellas, van en aumento.

“El Banco de España, en su último informe sobre esta materia, señala que las operaciones con fines ilícitos completadas con criptomonedas a penas alcanzaron el 1% de las totales realizadas entre julio de 2020 y junio de 2021, sin embargo, reconoce que podría existir un margen de error, pues su registro solo tiene en cuenta a las operaciones que cuentan con una investigación policial detrás, algo no del todo común en un entorno tan emergente y carente de regulación como el de los criptoactivos españoles”, explica Diego Cabezuela, abogado y socio director de Círculo Legal.

Consciente de sus limitaciones, este organismo nacional, que aun así lleva a cabo un seguimiento constante de la evolución del mercado, reclama mayores competencias para poder regular y supervisar a los proveedores de criptomonedas.

“En un contexto donde el fraude era cada vez más perseguido”, continúa el experto, “era evidente que la aparición, en 2009, de los primeros criptoactivos, carentes de regulación y con el potencial enorme de anonimato que proporcionaban, suponía un auténtico sueño para aquéllos que buscaban escapar de ese control, que no podría dejar indiferente por mucho tiempo al legislador europeo ni al nacional”.

Pese a los datos del Banco de España, la realidad es que los ciberdefraudadores recurren, cada vez más, a los criptoactivos para llevar a cabo sus actividades. En este sentido, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) señala que el blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas aumentó un 30% en 2021 respecto al año anterior.

En el caso concreto de España, desde la aparición de estas primeras divisas digitales en 2008 hasta la llegada de la Quinta Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo, a través de la cual empezó a exigirse un registro obligatorio para todos los emisores y proveedores de criptoactivos en España, la regulación de esta recaía sobre un “limbo legal”.

“Estos años de juventud y ausencia de regulación de los criptoactivos, han servido, por desgracia, no solo para abrir una ancha autopista al blanqueo de capitales, sino también para defraudar a muchos compradores e inversores, que han sido víctimas de estafas piramidales y de otras formas de engaño que se han venido sucediendo con demasiada impunidad en internet, aprovechando el escaso conocimiento de muchos operadores sobre este complejo mercado. Por suerte, con las últimas directivas este problema ha empezado a desvanecerse y todas las operaciones, al menos en la teoría, deben quedar bajo la luz de los focos de control antiblanqueo”, aclara el abogado.

De cara al futuro, y dado el aumento en la represión penal del blanqueo en todo el mundo, hasta convertirse en un “delito mastodóntico” de contornos muy difíciles de delimitar, Cabezuela señala que “los compliance officers -y todos los profesionales- se verán en la obligación de mantenerse en guardia permanente ante el crecimiento imparable de esta especie de Gran Hermano del dinero en que se ha convertido nuestro sistema”.