CDP ha incluido a CaixaBank en la categoría líder con una valoración A- de empresas líderes contra el cambio climático, un reconocimiento que consolida a la entidad como una empresa puntera en el panorama internacional por sus estrategias y políticas contra el cambio climático.

CDP es una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en Reino Unido, que impulsa a compañías privadas y administraciones públicas a tomar acción hacia una economía sostenible a través de la reducción de sus emisiones de CO2 y de la medición del impacto ambiental de sus acciones.

Por séptimo año consecutivo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y dirigido por Gonzalo Gortázar, ha conseguido mantenerse en la categoría Leadership del índice CDP. Y es que CaixaBank es una de las entidades líder mundial en la actuación para mitigar los efectos del cambio climático. La entidad defiende que la sostenibilidad debe estar integrada en el modelo de negocio de las organizaciones. Por esta razón, la estrategia medioambiental conforma uno los cinco ejes del Plan de Banca Socialmente Responsable. CaixaBank está comprometido con el respeto a la sostenibilidad más allá de sus obligaciones legales y tiene la gestión medioambiental integrada en su actividad de negocio.

Para la financiación de proyectos con impacto positivo, CaixaBank dispone de varias líneas específicas de financiación para proyectos sostenibles. En el año 2019 la entidad financió proyectos de energías renovables, que ascendieron a un total de 2.453 millones de euros. Este año, CaixaBank ha cerrado 56 operaciones de financiación sostenible entre préstamos y bonos, por valor de 12.100 millones de euros. La cifra supone un récord para el banco en esta área de actividad, con un aumento de un 51% en préstamos y productos transaccionales y del 32% en emisiones de bonos, respecto al mismo período del año anterior.

En el año 2020, CaixaBank ha participado en el mercado de préstamos verdes por importe de 766 millones de euros, que se han destinado a financiar proyectos con un impacto positivo medioambiental.

Respecto a las financiaciones ESG, se han realizado 24 transacciones por valor de 2.250 millones de euros, vinculadas a objetivos de sostenibilidad. Destacan los objetivos de reducción de huella de carbono como las prácticas más utilizadas por las empresas al financiarse bajo esta estructura.

Del mismo modo, CaixaBank ha movilzado 7.440 millones de euros en la emisión de 12 bonos sostenibles, destacando el bono social y verde emitido por la entidad en 2020.

En cuanto al ámbito transaccional, CaixaBank está liderando la innovación en España en este segmento de productos. En 2020 ha movilizado 1.650 millones de euros, donde destacan especialmente los dos primeros factoring sostenibles del país.

CaixaBank tiene en marcha una política activa de control de emisiones, que ha logrado reducirlas en un 80% desde 2009. Contrata energía eléctrica proveniente en su totalidad de fuentes renovables y compensa el 100% de todas sus emisiones calculadas, incluidas las emisiones indirectas.

El banco fue la primera organización española incluida en la lista RE100, una iniciativa que pretende incrementar la demanda y el suministro de energías limpias. Asimismo, forma parte del Grupo Español de Crecimiento Verde, que aboga por el crecimiento económico ligado a una economía baja en carbono.

En 2020, CDP ha analizado 9.600 empresas, que representan el 50% del valor de mercado mundial, clasificándolas de la A (más comprometida) a la D (menos comprometida), en función de su gestión del cambio climático. La inclusión en la categoría Leadership, como es el caso de CaixaBank, es un reconocimiento a las empresas líderes y más avanzadas en su desempeño y transparencia de su gestión medioambiental.

El organismo recopila las acciones y estrategias de miles de compañías en todo el mundo y traslada la información a más de 500 inversores institucionales que gestionan activos por 106 billones de dólares. Las clasificaciones elaboradas por CDP se han convertido, en los últimos años, en un instrumento de referencia para que inversores y grupos de interés puedan evaluar las actuaciones empresariales desarrolladas para mitigar el cambio climático y determinar su nivel de preparación ante los cambios en la legislación sobre reducción de emisiones y las demandas del mercado.