Inteligencia artificial: el riesgo político para los centros de datos.-   La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los grandes motores de inversión de la economía estadounidense. La construcción de centros de datos, las necesidades de electricidad y el desarrollo de nuevas infraestructuras están movilizando importantes recursos de las compañías tecnológicas.

Sin embargo, las elecciones de mitad de mandato introducen un nuevo factor de incertidumbre: la posibilidad de que varios estados estadounidenses endurezcan las condiciones para construir y operar centros de datos.

El riesgo no procede únicamente de Washington. Las decisiones de gobernadores y parlamentos estatales pueden afectar directamente a los permisos, los costes energéticos y los calendarios de ejecución de los proyectos.

El 45% de la capacidad prevista, potencialmente expuesta

Jack Janasiewicz, estratega de Natixis IM Solutions, considera que la inteligencia artificial y los centros de datos pueden convertirse en la principal cuestión sectorial para los inversores tras las elecciones.

Según las estimaciones que maneja, los estados potencialmente sujetos a restricciones más estrictas representan aproximadamente el 45% de la capacidad de centros de datos prevista en Estados Unidos.

Texas concentra por sí solo alrededor del 25%, de acuerdo con esas estimaciones.

La cifra es relevante porque indica que los cambios regulatorios podrían afectar a una parte significativa de los proyectos previstos, aunque no implica que toda esa capacidad vaya a sufrir retrasos o cancelaciones.

Las preocupaciones de las administraciones estatales se concentran en cuatro ámbitos: disponibilidad de electricidad, consumo de agua, financiación de infraestructuras y efectos sobre las comunidades locales.

Texas se convierte en un foco de atención

La victoria de Gina Hinojosa en las elecciones a gobernadora de Texas adquiere especial relevancia para el sector tecnológico. Según el análisis facilitado por Natixis IM, Hinojosa defendió durante la campaña una moratoria sobre nuevos centros de datos hasta disponer de un marco regulatorio que aborde sus efectos sobre el suministro eléctrico, el agua y las infraestructuras.

Una eventual moratoria podría afectar a los calendarios de construcción, aunque su alcance dependería de las medidas concretas aprobadas y de las competencias de las distintas autoridades.

Para los inversores, la cuestión es especialmente importante porque los grandes proyectos de centros de datos necesitan importantes inversiones iniciales y dependen de plazos de ejecución relativamente largos.

Un retraso en los permisos puede modificar las previsiones de gasto, los costes de financiación y el momento en que una instalación comienza a generar ingresos.

Más costes para las grandes tecnológicas

Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional de J. Safra Sarasin Sustainable AM, considera que el endurecimiento regulatorio podría traducirse principalmente en retrasos administrativos.

También señala la posibilidad de que los grandes proveedores de servicios en la nube tengan que asumir una mayor parte de los costes que sus instalaciones generan sobre las redes eléctricas y otras infraestructuras.

Esta circunstancia modificaría la economía de algunos proyectos.

No es lo mismo construir un centro de datos utilizando una infraestructura energética existente que tener que contribuir de forma significativa a su ampliación.

Si las empresas deben asumir mayores costes eléctricos o financiar nuevas instalaciones, sus necesidades de capital pueden aumentar y las expectativas de rentabilidad de determinados proyectos pueden reducirse.

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¿Está en riesgo el ciclo de inversión en inteligencia artificial?

Ubilay Yalcin, director de Carteras de Renta Variable de Flossbach von Storch, advierte de que el sector tecnológico ya se encuentra sometido a un escrutinio creciente sobre la sostenibilidad de sus inversiones.

Una regulación más estricta podría introducir obstáculos adicionales para la expansión de los centros de datos.

Sin embargo, considera prematuro anticipar consecuencias definitivas, porque todavía debe comprobarse qué medidas se materializan.

Raphaël Thuin, responsable de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, introduce otra distinción: una ralentización de determinados proyectos no significa necesariamente que desaparezca la tendencia estructural de inversión en infraestructuras digitales.

Los centros de datos también representan una fuente de actividad económica y empleo para numerosos estados, lo que puede favorecer soluciones regulatorias que permitan continuar las inversiones bajo nuevas condiciones.

El riesgo también llega a los fabricantes de equipos y a las eléctricas

Las consecuencias potenciales no se limitan a los operadores de centros de datos.

Una modificación de los calendarios de construcción podría trasladarse a fabricantes de equipos eléctricos, proveedores de infraestructura tecnológica, empresas industriales y compañías vinculadas al suministro energético.

También podría cambiar las expectativas sobre el ritmo de crecimiento de la demanda eléctrica.

El impacto dependerá de cómo se repartan los costes y de qué proyectos sufran retrasos. Algunas empresas podrían afrontar menores pedidos a corto plazo, mientras que otras podrían beneficiarse de la necesidad de ampliar y modernizar las infraestructuras energéticas.

Por ello, no basta con distinguir entre compañías tecnológicas y no tecnológicas: será necesario analizar la exposición concreta de cada negocio al ciclo de construcción de centros de datos.

Una nueva variable para valorar las inversiones en IA

Hasta ahora, buena parte del debate inversor sobre la inteligencia artificial se ha concentrado en la demanda de chips, el crecimiento de los ingresos y el volumen de inversiones anunciado por las grandes compañías tecnológicas.

Las elecciones estadounidenses añaden una cuestión: la capacidad de convertir esos planes de inversión en proyectos operativos dentro de los plazos y presupuestos previstos.

La demanda de capacidad informática puede seguir creciendo, pero las restricciones energéticas, los costes de infraestructura y las decisiones regulatorias pueden condicionar su desarrollo.