Jakob Suwalski, responsable del equipo de análisis soberano y sector público de Scope, comenta:

«El rechazo al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 del Gobierno socialista, que gobierna Portugal en minoría, pone fin a seis años de relativa estabilidad política y de toma de decisiones efectivas bajo el mandato del primer ministro Antonio Costa. Los Presupuestos propuestos habrían reducido el déficit al 3,2% del PIB desde el 4,3% de 2021, confirmando el compromiso de alcanzar la estabilidad fiscal. En Portugal, la disciplina fiscal se ha convertido en la tónica general en la elaboración de las políticas, y la relación entre la deuda y el PIB del país se redujo en 15 puntos porcentuales entre 2015 y 2019, apoyada por los elevados superávits primarios y un sólido crecimiento económico. Las bases del crecimiento se han fortalecido significativamente desde 2014, ya que los bancos han reforzado su capital y liquidez, mientras que los hogares mientras que los hogares y las empresas han iniciado un tardío esfuerzo de desendeudamiento.

Una situación política más inestable y volátil en Portugal a medio plazo afectaría al desempeño obtenido por el Gobierno en materia de política fiscal prudencial y a su compromiso con la consolidación fiscal. Además, dificultaría la corrección gradual de los desequilibrios económicos estructurales, incluidos el reajuste de la balanza de pagos por cuenta corriente y la reducción del desempleo estructural. El estancamiento económico es un riesgo clave para Portugal, dado su modesto potencial de crecimiento, que Scope estima en sólo un 1,5%».

Giulia Branz, analista del equipo de análisis soberano y sector público de Scope, añade:

«Aunque alcanzaran un acuerdo sobre un nuevo proyecto presupuestario en las próximas semanas que evitara unas elecciones anticipadas, probablemente esto tendría el inconveniente de posponer la consolidación fiscal para dar cabida a las peticiones de los partidos de izquierdas. Esto, en el contexto de una elevada relación deuda/PIB de Portugal de más del 135% del PIB, deja al país vulnerable a los impactos negativos. Aun así, es probable que un acuerdo de este tipo tenga menos efectos negativos a largo plazo que el escenario de creciente incertidumbre política que crearían unas elecciones anticipadas.

Dados los requisitos constitucionales de Portugal, unas elecciones anticipadas tendrían lugar, como muy pronto, en enero. Y, un retraso significativo de los nuevos Presupuestos tendría repercusiones en los planes de recuperación del país tras la pandemia, pues el tiempo para formar un nuevo Gobierno obstaculizaría la aplicación de las reformas y las inversiones previstas en el plan de recuperación y resiliencia de Portugal, dotado de 17.000 millones de euros. Esto pesaría sobre el potencial de crecimiento a medio plazo del país, la creación de empleo y su resiliencia económica y social. Los últimos sondeos de opinión apuntan a que el Partido Socialista ganaría las elecciones, aunque, de nuevo, no alcanzaría la mayoría parlamentaria. Sin embargo, esta vez, las tensas relaciones con los partidos de izquierdas, que hasta ahora han apoyado a los Gobiernos en minoría de Costa, aumentan los riesgos de inestabilidad política permanente en el país».

Scope elevó el rating de Portugal en BBB+ en enero de 2020