Por Levon Kameryan, Marlen Shokhitbayev y Eiko Sievert, analistas de Scope Ratings

El impacto en las finanzas públicas, las empresas y los hogares del pulso energético entre la UE y Rusia depende del delicado equilibrio que logre la UE -con Alemania entre los principales opositores a sanciones más radicales- entre penalizar a Rusia por la guerra de Ucrania y proteger las economías de los efectos completos de las sanciones y las represalias del Gobierno ruso.

El impacto económico a corto plazo de un embargo de la UE sobre el petróleo y el gas natural rusos se traduciría en niveles de inflación significativamente más altos y un PIB más bajo de lo que se espera actualmente. Algunos países se verían más afectados que otros debido a su mayor dependencia de las importaciones de gas ruso, especialmente las economías de Europa central y oriental, incluidas Hungría y Eslovaquia (véase el cuadro siguiente). Por su parte, Alemania, pese a enfrentarse a un crecimiento mucho más lento de lo previsto este año, tiene la ventaja de contar con una economía sólida y diversificada que puede ayudar a limitar los posibles impactos económicos de la suspensión del suministro de gas ruso.

Sin embargo, ningún país europeo podrá eludir las consecuencias financieras de un embargo total del petróleo y el gas rusos. De hecho, los hogares y las empresas de Francia y Reino Unido, en gran medida independientes de las importaciones energéticas rusas, también se enfrentan a un rápido aumento de los costes.

Todo ello podría traducirse en un aumento importante del gasto adicional a corto plazo para amortiguar el aumento de los precios de la energía en las empresas y los hogares y, a más largo plazo, en la reinversión en energía nuclear. Todo esto supondría una presión sobre las finanzas públicas, que ya están bajo presión tras la pandemia.

Las sanciones implican una regulación más estricta en el mercado energético de la UE

Un embargo transitorio, que durara entre varias semanas y un par de meses, podría ser asumible pero muy caro, ya que presionaría a las empresas de los sectores más intensivos en energía e hidrocarburos, como el químico y el metalúrgico. Esto podría conllevar que redujeran o incluso interrumpieran su producción. Cuanto más durara este eventual embargo, más perjudiciales serían sus efectos. En caso de que se acuerde un límite cuantitativo o incluso un embargo – posiblemente condicionado a ciertos resultados de la política rusa – podría durar varios meses, si no más.

Incluso si no se llega a un acuerdo de este tipo, es probable que la exigencia de Rusia de cobrar en rublos su gas provoque una importante disminución de los suministros de gas ruso, ya que implica el incumplimiento de los acuerdos y, además, obligaría a los responsables políticos de la UE a eludir sus propias sanciones. Es probable que los gobiernos y los organismos reguladores tengan que intervenir para mantener la estabilidad de las redes eléctricas y de gas de Europa y garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas actuales, posiblemente mediante una normativa energética más estricta. Algunos países, como Alemania, ya han empezado a elaborar planes de emergencia detallados para aplicar esas medidas el próximo invierno.

Si Europa puede reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos con mayor rapidez, un embargo será menos perjudicial, pero se trata de una cuestión de meses y años, no de semanas. La sustitución de las importaciones de petróleo ruso es menos problemática que la del gas natural. El crudo es más fácil de obtener de otras regiones, ya que los mercados internacionales del petróleo son más líquidos que los del gas. Además, Europa cuenta con una infraestructura de importación, transporte y almacenamiento de petróleo relativamente buena. No obstante, la UE está más expuesta a la pérdida de gas ruso que a la importación de petróleo. Las limitaciones de la red de gasoductos europea hacen difícil encontrar fuentes alternativas de gas. Parte del déficit podría cubrirse con un incremento de las importaciones de gas natural licuado (GNL), como las procedentes de EE.UU. y Qatar, y aprovechando el gas almacenado y acumulando reservas de cara al invierno de 2022-23.

También será necesario reducir la demanda de gas. En algunas áreas, como la generación de electricidad, es posible aumentar el uso de fuentes de energía alternativas y detener temporalmente el cierre de parte de la producción de electricidad de origen nuclear y de carbón. En los casos en que los procesos de producción industrial o los hogares dependen del gas, la alternativa por otras fuentes de energía podría no ser posible a corto plazo. El ambicioso plan REPowerEU de la UE para diversificar el suministro de gas, acelerar el desarrollo de los combustibles renovables y sustituir el gas en la calefacción y la generación de electricidad, pretende reducir la demanda de gas ruso en dos tercios antes de que acabe el año.

Sin embargo, no sería hasta 2030 cuando la UE asegura que dejaría de necesitar el petróleo y el gas de Rusia. Depender más de la energía nuclear supondría un compromiso político a largo plazo, teniendo en cuenta el tiempo que lleva construir nuevos reactores, además, no todos los países de Europa están abiertos a hacerlo. Por eso vemos que se intensifican los esfuerzos de la UE por diversificar las fuentes y los proveedores de energía.

Países como Italia y los Países Bajos tienen previsto aumentar la capacidad eólica marina. Bélgica ha autorizado la ampliación de la vida útil de sus reactores nucleares en 10 años. Alemania busca proveedores de gas alternativos, como Qatar. Bulgaria, que depende casi por completo del gas ruso, con un acuerdo de 10 años con Gazprom, controlada por el Estado ruso, que vence a finales de 2022, está acelerando los proyectos para sustituir el gas ruso, incluida la construcción de un gasoducto conectado a una terminal de GNL proyectada en Grecia, que entrará en funcionamiento en 2023. Estas medidas reflejan hasta qué punto la guerra de Rusia en Ucrania ha hecho que la seguridad energética ocupe un lugar destacado en la agenda política de Europa.