Si el Gobierno español aumenta los impuestos a las empresas de servicios públicos, los beneficios de las compañías se verán impactados. No obstante, en el caso de Iberdrola y Endesa, podemos esperar que el efecto sea más moderado dada su diversificación geográfica.

Dicho esto, cualquier subida de impuestos y la falta de previsibilidad de la política fiscal del Gobierno español corren el riesgo de comprometer el calendario y el volumen de inversión de capital de las empresas, que es vital para la transición de España hacia un futuro con menos emisiones de carbono. Con menos beneficios retenidos por el impuesto, las empresas de servicios públicos podrían pedir más préstamos para seguir invirtiendo, lo que provocaría un deterioro de su nivel de apalancamiento.

En este punto, cabe recordar que, en septiembre de 2021, el Gobierno español dijo que aplicaría un impuesto extraordinario durante seis meses a los operadores de electricidad con el fin de recaudar fondos para subvencionar a los consumidores finales en respuesta a la subida de los precios de la electricidad en el mercado minorista. Sin embargo, el Gobierno se retractó al mes siguiente tras las quejas de las compañías españolas. Uno de los factores que influyó en la marcha atrás del Ejecutivo español fue que los Estados miembros de la UE no habían aplicado impuestos similares. En ese momento, Iberdrola estimó que el coste de esa medida rondaría los 2.000 millones de euros al año. En su informe correspondiente a los nueve primeros meses de 2021, Iberdrola declaró que el impacto fiscal de la aplicación de este impuesto durante dos semanas fue de 85 millones de euros.

Anne Grammatico, analista de Scope Ratings