Estimada ministra, Dña. María Jesús Montero Cuadrado:

Como sabe, esta no es la primera vez que nos dirigimos a usted en relación al crítico momento de nuestra economía motivado por la crisis sanitaria. No queremos ser reiterativos, pero no podemos dejar de exponer nuestros puntos de vista porque también, en alguna medida, como corporación de derecho público, entendemos que es nuestra responsabilidad.

Partimos del reconocimiento de que la situación es muy difícil, que son muchas las necesidades que hay que atender, empezando por el ingente gasto sanitario, que debe ser la máxima prioridad en estos momentos, y siguiendo por los trabajadores que no pueden desempeñar su trabajo y por las empresas que tienen que interrumpir su actividad o que la ven reducida a la mínima expresión. Esto supone un gasto social y asistencial de grandísimas proporciones. Todo ello, somos conscientes que está ocasionando un importante problema a las cuentas públicas.

El Gobierno, ante esta situación ha reaccionado, como tiene que ser, taponando vías de agua, con el objetivo de que el problema sea transitorio y no se cronifique cuando se pueda retomar la actividad, contando con unos recursos muy limitados, por ahora con una difusa ayuda de la UE aún pendiente de concretar, y teniendo que tomar decisiones a toda velocidad. Naturalmente, las soluciones no son del gusto de todos y, por supuesto, que de todo esto habrá que sacar conclusiones, más adelante, que nos puedan servir para el futuro.

Respecto a las medidas tributarias, reconociendo que forman parte de una estrategia global, apreciamos lo hecho –flexibilización de aplazamientos de autoliquidaciones para pymes y ampliación de determinados plazos de los procedimientos tributarios-, pero creemos que se debería dar un paso más en algunos aspectos. Seguro que se pueden arbitrar muchas soluciones técnicas, y todas tendrán ventajas e inconvenientes, pero nosotros vamos a atrevernos a apuntar una.

En este sentido proponemos, para que la medida sea efectiva, la publicación casi inmediata de una norma que establezca lo siguiente:

Primero, la ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de dicha norma, estableciendo un segundo vencimiento alternativo hasta el 1 de junio, salvo que el estado de alarma se amplíe hasta después del 3 de mayo, en cuyo caso se ampliará por los días que exceda de dicha fecha.

De esta forma, los contribuyentes que quieran presentar las autoliquidaciones en plazo podrán hacerlo y, si son pymes, conservarán la posibilidad de aplazar su pago 6 meses, y hasta 30.000 euros, de manera casi automática, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2020. Por otra parte, el Estado solo vería diferidos los ingresos del resto de contribuyentes poco más de un mes, y se obviarían los problemas que tienen las empresas para confeccionar sus declaraciones debido a las restricciones a la movilidad vigentes durante el estado de alarma.

Segundo, que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades puedan modificar la opción de cálculo del pago fraccionado del impuesto al presentar la declaración del primero de ellos.

Esta medida permitirá adecuar los pagos fraccionados de 2020 a la base imponible de ese ejercicio, también para los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado los 6 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del ejercicio.

Poniéndonos a su disposición, en la convicción de que nuestras propuestas conseguirán aunar un cierto mantenimiento de ingresos, para que el Estado pueda seguir atendiendo los extraordinarios gastos que esta situación exige, con que los contribuyentes puedan cumplir efectivamente con sus obligaciones tributarias, le enviamos un cordial saludo.

Valentín Pich Rosell, Presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE)

Jesús Sanmartín Mariñas, Presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE)