Cada vez son más los inversores que seleccionan los activos de su cartera con criterios que no son únicamente los financieros. Todos valoran que la empresa sea solvente, esté bien gestionada y tenga unas perspectivas de beneficios estables, pero también se empieza a tener en cuenta el impacto en el medio ambiente de la actividad de la compañía en la que van a invertir, su compromiso con la sociedad o que las retribuciones del consejo de administración vayan acordes con la situación de la compañía o de la plantilla. Tanto es así que los fondos sostenibles europeos recaudaron 30.000 millones de euros en el primer trimestre de 2020.

Un 80% de los inversores institucionales ha integrado factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) como estrategia en sus carteras para mitigar riesgos en 2019, lo que supone diez puntos porcentuales más que hace dos años, según una encuesta elaborada por Morgan Stanley.

Asimismo, un 15% de los encuestados ya considera «activamente» incluir inversiones sostenibles y cerca de seis de cada diez grandes inversores institucionales prevén que llegue un momento en el que solo asignen inversiones a gestores con un enfoque formal de ESG.

«Muchos inversores han identificado que el potencial de rentabilidad de las inversiones sostenibles es un factor clave para su integración, y en consecuencia prevén que en un futuro los inversores se limitarán solamente a realizar asignaciones a gestores con enfoques sostenibles», según Audrey Choi, directora de sostenibilidad y directora ejecutiva del Instituto para la Inversión Sostenible en Morgan Stanley.

Entre los inversores que utilizan inversiones temáticas o de impacto, el 88% busca abordar temas ambientales. El cambio climático, las soluciones hídricas, los residuos plásticos y la economía circular son los principales problemas ambientales que tratan de abordar. Entre las cuestiones sociales, la igualdad de género y la educación son las principales prioridades.

La integración de factores ESG sigue siendo el enfoque más común para la inversión sostenible. Los inversores encuentran estrategias de inversión sostenible de alta calidad en renta variable cotizada (78%) y en renta fija (69%). Un 45% de los inversores sostenibles de renta fija invierte activamente en bonos o en fondos de bonos considerados ‘verdes’ o sostenibles.

Desde que nació este tipo de inversión, hace unos 20 años, el criterio medioambiental ha sido el principal. Por ejemplo, los grandes inversores y las gestoras de fondos más reconocidas han asumido como suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas —el conjunto de metas globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad— y han impulsado iniciativas para que las estrategias de inversión contribuyan a su consecución.

En la actualidad, el 65% del patrimonio invertido en fondos de pensiones de empleo obedece a criterios de sostenibilidad, según un estudio realizado desde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Este informe, que ofrece datos a 31 de diciembre de 2018, ha tenido en cuenta a 12 gestoras (de las 59 que hay activas) que aglutinaban casi el 90% del patrimonio gestionado en fondos de empleo, unos 33.000 millones. Esas 12 entidades gestionaban 244 planes de empleo (un 70% del total de estos productos). Destaca, por otro lado, que tres de las gestoras analizadas no tenían ni un solo fondo ISR (Inversión Socialmente Responsable).

Respecto a cómo aplican las entidades esos criterios de sostenibilidad, el proceso más aplicado es el de exclusión (es decir, el de no invertir en compañías con actividades controvertidas, que no respeten los derechos humanos, etc), aunque en 2018 el 90% de las entidades ya aplicó la integración, que consiste en incorporar los factores ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) a todo el proceso de inversión.