¿Qué importancia tiene la inspección de los tributos locales para la recaudación fiscal de España?
Sin ninguna duda, es un elemento fundamental para la recaudación fiscal. La situación económica de las entidades locales no es precisamente óptima. Por ello, no solo por los importes que puedan derivar de las actas y sanciones, y por las correspondientes inclusiones en las Matrículas de los tributos periódicos, sino también por lo que supone de ejemplaridad en la conducta fiscal de los contribuyentes, la inspección tributaria local constituye una labor necesaria que redunda en la recaudación.

Además, la lucha contra el fraude no se limita a esa vertiente regularizadora. Los nuevos tiempos nos muestran un auténtico cambio de paradigma que ya es una tendencia internacional consolidada en las democracias occidentales. Se exigen nuevas formas de actuación proactivas y preventivas, relacionadas con los Códigos de Buenas Prácticas, con el ‘compliance’ y los foros de empresa y Administración, con facilitar y promover a los ciudadanos al máximo el pago voluntario mediante tecnologías avanzadas, etc. Un enfoque “cooperativo” con el tejido empresarial, profesional, asociativo y ciudadano que beneficia a la economía general.

«Los impuestos locales no son personales sino reales, ajenos a la dura situación que, de modo coyuntural, pueda vivir el contribuyente»

¿Cómo debería plantearse la reforma fiscal?
Desde nuestra perspectiva, la reforma fiscal debe tener en cuenta a las haciendas locales. Las entidades locales somos las “grandes olvidadas” cuando se plantea cualquier reforma. Seguimos con esquemas tributarios no del siglo pasado sino de mediados del siglo XIX.

Ello supone a la Administración local un deterioro de su imagen ante el contribuyente –gravemente perjudicado- porque, en tiempos de crisis, por ejemplo, mientras el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades se adaptan a la realidad económica del ciudadano y empresa, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la plusvalía municipal) se siguen cobrando sin considerar tal circunstancia, salvo lo que se pueda subsanar, en cierta medida, con los beneficios fiscales. Los impuestos locales no son personales sino reales, ajenos a la dura situación que, de modo coyuntural, pueda vivir el contribuyente.

Y también, con esquemas decimonónicos, seguimos contando con una “tutela” estatal (en tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) que, en muchas ocasiones, condiciona el buen funcionamiento de la gestión e inspección de los mismos.

¿Qué otras asignaturas pendientes podríamos destacar?
Otra asignatura pendiente es la adecuada reacción del legislador ante cuestiones conflictivas. Con ello se evitarían casos como los que suceden con la plusvalía municipal.

La tributación local de ciertos sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones y eléctricas, así como las obras públicas en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), merecen, igualmente, una reforma en profundidad, desde una perspectiva local.

¿Cuáles son los principales ‘agujeros negros’ de la inspección tributaria?
Como ejemplos, podemos empezar citando el relativo al sector de la construcción, que se ve afectado de lleno por ICIO. Existe un alto nivel de fraude en las declaraciones de los costes de ejecución material de las obras que exige intervenciones constantes por parte de las inspecciones tributarias locales. También, en lo que concierne a los grupos empresariales, en el Impuesto sobre Actividades Económicas, donde numerosas sociedades pretenden evitar su tributación, o rebajarla, simulando su no pertenencia a un grupo. E incluso en impuestos tan arraigados en el mundo local como el IBI y la plusvalía municipal se producen numerosos casos.

En un sentido completamente distinto, constituye un agujero negro la cuestión formativa. Salvo puntuales excepciones, al no constituirse la inspección local en “cuerpos” de la Administración (como sí sucede con la estatal), el acceso a las respectivas plazas no requiere pruebas específicas ni suele existir un período formativo posterior riguroso.

Este año, por primera vez en la historia, se va a iniciar una formación académica dedicada a la inspección tributaria local. La UNED, ante la propuesta sugerida por la ANIHPL, ha creado, como titulación propia, el Título de Experto Profesional en Inspección Tributaria Local.

¿Está preparada la administración tributaria para la nueva era tecnológica?
Quizás sea muy aventurado decir que la Administración Tributaria, en general, está preparada para afrontar la nueva era tecnológica. Pero lo que sí es cierto es que muchas de ellas están haciendo un esfuerzo muy importante y, si no lo consiguieran, el perjuicio causado al interés ciudadano y empresarial, y a ellas mismas, sería muy grave. La preparación tecnológica ya no es una opción, es una verdadera necesidad.

Debemos ser conscientes de que existen en la actualidad herramientas tecnológicas de extraordinario nivel y potencial que pueden aportar un gran valor en la lucha contra el fraude fiscal que tanto nos preocupa a todos.

¿Qué le parece la externalización de la Inspección Tributaria en municipios?
Siempre que tengo la oportunidad de hablar sobre la externalización no puedo dejar de formular algunas preguntas: ¿alguien se imagina la Inspección del Estado en manos de empresas privadas?, ¿y que estas cobraran suculentas comisiones en función del fraude detectado?, ¿que los importes de las actas por el IRPF o por el Impuesto de Sociedades (que pueden derivar, según su cuantía, en delito fiscal) fueran determinadas por trabajadores de las empresas? Pues todo esto ocurre, en el marco de los tributos locales, en numerosos municipios y provincias españolas con prácticas externalizadoras fraudulentas.

Hay que distinguir entre la externalización de determinados servicios, la asistencia o apoyo a la inspección tributaria (que puede aportar, y está aportando, un gran valor a la Administración local) y la sustitución del ejercicio de potestades públicas que la ley reserva en exclusiva a aquella. Una sustitución, que ya los tribunales van desenmascarando, que se disfraza mediante la formalidad de una firma funcionarial.

Es cierto que existen entidades locales sin medios suficientes para abordar la lucha contra el fraude y deben acudir a estas prácticas, o incluso renuncian a ella. No obstante, esa no debe ser la solución correcta. Es responsabilidad de las instituciones públicas buscar soluciones alternativas. Lo que no cabe, bajo ningún concepto, es que las entidades locales acudan a instrumentos ilegales.

En definitiva, la colaboración público-privada puede ser verdaderamente positiva en muchos aspectos, pero debe tener en cuenta sus “líneas rojas”.

¿Qué opina sobre la recientemente aprobada Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude?
Como tantas reformas legislativas, la nueva ley tiene sus luces y una sombra básica: la oportunidad perdida por ciertas cuestiones que no regulan.

Por destacar las cuestiones positivas podemos señalar la aclaración en el Impuesto sobre Actividades Económicas de que la pertenencia a un grupo de empresas no depende estrictamente de su consolidación contable sino que tenemos que estar a la “realidad material” de la existencia del grupo.

También puede afirmarse que la nueva graduación de los recargos extemporáneos, que beneficia a los contribuyentes, atiende en mayor medida que antes a principios de justicia tributaria. Igualmente, la mayor rebaja por “pronto pago” de las sanciones puede resultar incentivadora para el contribuyente y “operativa” para la Administración que se ahorrará numerosos trámites y litigios.

En cuanto al procedimiento inspector, la conflictiva cuestión relativa a la autorización judicial para la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido se clarifica en cierta medida, aportando seguridad jurídica y agilizando el procedimiento.

¿Hasta qué punto el fraude fiscal y la economía sumergida pueden considerarse epidemias en España? El historiador Josep María Fradera apuntaba la existencia de dos constituciones en España. Por un lado, la que todos conocemos, formal y escrita. Y por otro, la real, “que es más vieja que la constitución escrita”, en la que estaba incluida el fraude fiscal. Desde este planteamiento, es evidente que nos encontraríamos ante un mal endémico. Sin llegar a esos extremos, como cuando se habla de que el fraude está integrado en nuestro ADN, sí que es cierto que en nuestro país está más extendido que en las naciones centroeuropeas.

«Quizás sea muy aventurado decir que la Administración Tributaria, en general, está preparada para afrontar la nueva era tecnológica»

¿Cuál sería la ‘vacuna’ que nos inmunizaría frente a ellas?
Una inmunización completa creo que es imposible, pero sí que se produciría un gran avance con una serie de medidas que deben girar en torno a varios ejes principales.

En primer lugar, la educación cívica, desde edades tempranas, destacando la trascendencia que para la sociedad representa el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Asimismo, considero fundamental que las Administraciones Tributarias faciliten al máximo dicho cumplimiento a los ciudadanos y empresas, apostando de manera firme y decidida por la innovación tecnológica y con acciones proactivas como las indicadas inicialmente.

Y, por último, no hay más remedio, una adecuada penalización que disuada a los defraudadores y unas inspecciones dotadas de los medios técnicos y humanos necesarios.

 A.S.A./El Nuevo Lunes