En los últimos meses se han multiplicado las noticias que hablan de una posible simplificación normativa en el ámbito de los servicios de inversión. Y me pregunto, con cierto escepticismo, si deberíamos celebrar con entusiasmo la relajación de la Retail Investment Strategy (RIS) cuando en otros ámbitos siguen brotando nuevas obligaciones nada menores (DORA, PBCyFT, ESG, Verifactu, ciberresiliencia…)

Es innegable que llevamos muchos años —y 2025 no está siendo la excepción— acumulando directivas, reglamentos, reales decretos, circulares, directrices y notas de los distintos supervisores que delimitan, a golpe de norma, el campo de juego del sector del asesoramiento financiero. En este contexto, resulta comprensible que la mera mención a una reducción normativa se reciba casi como motivo de celebración.

El exceso de regulación y los crecientes requerimientos que pesan sobre las firmas del sector se han convertido en una auténtica barrera de entrada para nuevos actores. Más aún: actúan como catalizador hacia la búsqueda de fórmulas de negocio alternativas o procesos de digitalización más acelerados que permitan seguir prestando servicios de asesoramiento con altos estándares de calidad y de forma diferencial frente a la banca tradicional o los grandes grupos financieros.

Lo cierto es que, tres años después de que empezáramos a hablar de ella, RIS se ha simplificado en un aspecto clave para el negocio de los asesores financieros: la percepción de incentivos. Y ello ha supuesto un alivio operativo y financiero para muchas empresas del sector. No obstante, conviene no olvidar la ingente cantidad de recursos humanos, económicos e intelectuales que abogados, consultores y profesionales han dedicado a navegar este océano normativo, que en más de una ocasión ha amenazado con arrastrarnos hacia la deriva.

Aun con la “simplificación” lograda, las exigencias del RIS en materia de gobernanza de producto siguen siendo complejas de implementar y requerirán, sin duda, un importante esfuerzo de recursos. Como suele decirse, “el papel lo aguanta todo”, pero llevarlo a la práctica dista mucho de ser sencillo.

Aun así, valoro positivamente que las autoridades europeas comiencen a virar el foco desde la “protección del inversor” hacia la “canalización del ahorro hacia la economía real”. Me gusta pensar que el término “simplificación normativa” se convierta en algo habitual y que el sector deje de ser estigmatizado, porque —al menos desde mi experiencia— la mayoría de los profesionales se esfuerzan genuinamente por ofrecer un servicio honesto, transparente y de calidad.

Además, el cambio generacional en el perfil de los inversores —más formados, con mayor bagaje y con intereses de inversión más sofisticados y diversos— abre una gran oportunidad. Hoy el asesor puede dialogar de tú a tú con un cliente que busca productos con impacto real en la economía, horizontes de inversión más flexibles y estrategias más innovadoras. Esto exige al asesor estar en constante evolución, formarse y explorar soluciones realmente idóneas y eficientes para esta nueva generación de inversores.

Como recordaba Aristóteles, la virtud está en el término medio entre el exceso y el defecto. Confío en que este nuevo enfoque regulatorio, orientado hacia mercados más participativos, permita a las empresas del sector concentrarse en lo esencial: que los inversores reciban un asesoramiento a su medida, alineado con sus necesidades, y que la calidad del servicio no se vea mermada por trabas operativas, legales o de costes.
Y, si no, tendremos que seguir buscando la oportunidad en el reto.

🎯 Simplificación normativa: entre la utopía y la oportunidad. Vicky Fernández-Medina (iCapital), en tiempodeinversion.com